Los diamantes de sangre o diamantes de conflicto son diamantes extraídos en zonas de guerra e introducidos de forma ilegal en el mercado, utilizando las ganancias que generan para financiar el conflicto armado. Esta práctica abarcó gran parte del siglo XX en países africanos en guerra, como Angola, Sierra Leona o Liberia.
Para terminar con esta situación, en el año 2000 se puso en marcha, de la mano de la ONU, los países productores de diamantes, la industria del diamante y varias ONGs, el Proceso Kimberley. Entró en vigor en el año 2003 y es un sistema de certificación oficial a nivel internacional que tiene como objetivo impedir el comercio de diamantes de sangre.
Más de setenta países, entre los que se incluye España, están suscritos al proceso Kimberley, y se calcula que un 99% de los diamantes en circulación cumplen con sus requerimientos. Este sistema obliga a los gobiernos de los países productores a controlar la producción y el transporte de los diamantes en bruto desde la mina hasta el lugar de la exportación, además de emitir un certificado que garantice que no se trata de diamantes de conflicto.
A su vez, los países importadores se comprometen a no admitir diamantes en bruto que no se entreguen con el certificado del proceso Kimberley. La industria del diamante puso en marcha también un sistema de autorregulación. Se establece así una cadena de garantías que va desde los productores hasta el consumidor final de diamantes, asegurando su procedencia.
